PRESIDENTE DEL TC EXHORTA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA EVITAR EXCARCELACIONES POR FALTA DE SENTENCIA

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Dr. Javier Alva Orlandini, formuló ayer un llamado fraterno a las autoridades competentes a fin de evitar la demora en los procesos judiciales y que han permitido la excarcelación de un grupo de encausados por corrupción por exceso de carcelería sin sentencia de primer grado.

Fue durante su discurso en la ceremonia de juramentación de los nuevos magistrados del TC, César Rodrigo Landa Arroyo y Juan Francisco Vergara Gotelli, a la que asistieron distinguidas personalidades, entre ellas el Presidente del Poder Judicial, Dr. Hugo Sivina Hurtado, la Fiscal de la Nación, Dra. Nelly Calderón Navarro, el Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Dr. Daniel Caballero Cisneros y el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Dr. Enrique Javier Mendoza Ramirez, entre otros.

Alva Orlandini consideró que el plazo de 36 meses que fija la ley para la realización de la investigación judicial y el proceso penal es más que suficiente para que se aclare la situación del detenido.

El magistrado constitucional manifestó, que todos sabemos que hay latrocinios en perjuicio del erario público y delitos de peculado que tienen sentencias pendientes desde hace mucho tiempo .

Recordó que en estos casos, la detención no puede durar más de 36 meses y no debe haber ni un caso más de excarcelación por falta de sentencia, reiteró.

El titular del TC, señaló que corresponde a los procuradores prevenir y alertar sobre estas excarcelaciones, en tanto que el Poder Judicial como el Ministerio Público deben actuar con celeridad, para que no se produzcan nuevas salidas de procesados por corrupción .

Alva Orlandini aclaró que el fallo del TC al que se alude con frecuencia y que establece los plazos máximos de carcelería sin sentencia se ajusta a los tratados internacionales y se aplica no sólo para los casos de corrupción.

En otro pasaje de su intervención, el presidente del TC pidió al Congreso de la República tramitar con diligencia la denuncia formulada por el Ministerio Público contra el ex presidente Alberto Fujimori y el gabinete que lo apoyó en los actos del 5 de abril de l992.

«Allí hay muy poco que investigar, por que el decreto ley que se emitió para el efecto, con la firma de todo el gabinete es prueba fehaciente», reiteró; precisando que la usurpación de funciones públicas está tipificada como delito contra los poderes del Estado y orden constitucional.

Lima, 27 de diciembre del 2004