PENALISTA LUIS LAMAS PUCCIO SEÑALÓ QUE LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS HAN PERDIDO RIGUROSIDAD PORQUE EN EL SISTEMA CARCELARIO NO EXISTE UNA POLÍTICA DE REHABILITACIÓN

El destacado penalista Luis Lamas Puccio señaló que los beneficios penitenciarios han perdido rigurosidad, porque en el sistema carcelario no existe una política de rehabilitación en ámbitos laborales, educativos ni sicológicos, por lo tanto estos beneficios en un primer momento son exigencias meramente administrativas lo cual supone que la persona que accede a ellos ha sido sicológicamente evaluado y está en una situación bastante óptima como para que un magistrado pueda decidir si esta persona debe ser objeto de la concesión de estos beneficios, pero en la práctica esto no sucede así.

Así lo señaló durante su participación en el programa “Tus Derechos” del Tribunal Constitucional. Lamas Puccio señaló que los beneficios penitenciarios son incentivos que están establecidos en las normas pertinentes, a través de los cuales se persigue impulsar a los presos para que cuando estén cumpliendo sus penas se sometan a estos incentivos que persiguen recortar el número de años que están cumpliendo respecto a la sentencia que se les ha impuesto. “El problema no son en sí los beneficios penitenciarios sino cómo se acceden y cómo se conceden estos beneficios”, afirmó.

“La pena privativa de la libertad es una de las tantas exigencias que están presentes para la decisión que va a tomar el juez cuando tiene que decidir la situación legal de una persona cuando es parte o empieza a ser parte de un proceso judicial”, señaló el penalista.

Anotó también que hay mucho desorden por parte de los diferentes estamentos del Estado dada la connotación del problema en materia de seguridad ciudadana, el aumento de la criminalidad, de la delincuencia, del narcotráfico y de una serie de patologías sociales que ha generado una superposición de funciones y en un desorden que es tan contraproducente en los mismos términos como la misma delincuencia.

El penalista aseveró que en otros países se diseña un plan de acción con objetivos a mediano y largo plazo para que pudiera generarse una coordinación entre la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el sistema penitenciario, el Poder Legislativo quien es el que promulga las leyes y este plan debe ser liderado por un funcionario del más alto nivel y debe establecerse objetivos para poder dosificar y racionalizar los esfuerzos frente a un problema cada día más gravitante que no solamente afecta al Perú sino a todos los países.

Lima, 31 de agosto de 2011