Notas de prensa

- diciembre 10, 2015

DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL TC MAGISTRADO JAVIER ALVA ORLANDINI CON OCASIÓN DE LA DISTINCIÓN A MILITARES

Con la asistencia del presidente de la Corte Suprema de la República, Dr. Walter Vásquez Vejarano, congresistas, ex congresistas, autoridades del Jurado Nacional de Elecciones y otras distinguidas personalidades, el Tribunal Constitucional distinguió con la entrega de la medalla "Toribio Rodríguez de Mendoza", a 26 oficiales de las Fuerzas Armadas, que encabezados por el General EP Jaime Salinas Sedó, el 13 de noviembre de l992 defendieron el Estado de derecho violentado por el gobierno de aquel entonces, el 05 de abril de ese año.

A continuación el discurso pronunciado el día de hoy por el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Javier Alva Orlandini, como cierre de la ceremonia realizada en el patio principal de este Organo Constitucional:

El TC ha creado la medalla que lleva el nombre del prócer "Toribio Rodríguez de Mendoza" para honrar a las personas o instituciones que se hayan distinguido en la defensa de la Constitución o de los derechos humanos.

Es una medalla, no una condecoración; pues la Constitución sólo atribuye al Presidente de la República conceder condecoraciones a nombre de la Nación.

Desde principios de la República, se estableció la primacía de la Constitución y el deber de honrarla. Así, el artículo 15 de la Constitución de 1823, que lleva precisamente la firma de Toribio Rodríguez de Mendoza, declaró que todo peruano debía fidelidad a la Constitución, observancia a las leyes y respeto a las autoridades, siendo delincuente, en caso contrario.

La Constitución de 1979, en sus artículos 81 y 82, dispuso que el ejercicio de la función pública tenía límites; que eran nulos los actos de los usurpadores; que existía la obligación de todos los peruanos de insurgir en defensa de la Constitución, sin perjuicio, obviamente, de la incautación, por decisión del Congreso, de los bienes de los usurpadores y de cuantos se hubieran enriquecido a consecuencia de la usurpación, de acuerdo al articulo 307 de esa Carta.

Pues bien. El Presidente de la República, en forma autoritaria e inmotivada, el 5 de abril de 1992, mediante el decreto ley 25418 y otros subsiguientes, disolvió el Congreso, disolvió el Tribunal de Garantías Constitucionales, disolvió el Jurado Nacional de Elecciones, destituyó al Fiscal de la Nación, mutiló al Poder Judicial y perpetró otras graves infracciones constitucionales.

En connivencia con la Organización de Estados Americanos convocó al denominado Congreso Constituyente Democrático y, con un JNE ad hoc, preparó el fraude a efecto de tener mayoría en ese Congreso, destinado a aprobar una nueva Constitución que permitía al usurpador postular un período presidencial consecutivo.

Es para evitar que se consumara ese atropello contra el derecho del pueblo a elegir sus gobernantes, que un grupo de militares patriotas decide poner atajo al golpe de Estado, el 13 de noviembre de 1992. Lamentablemente, la felonía de algún mal peruano (civil o militar) delató el movimiento revolucionario de reivindicación constitucional.

Por supuesto, los militares a quienes hoy distingue el TC fueron víctimas de vejámenes, de persecución y de prisión.

Sin embargo, el gesto cívico, plenamente constitucional, no puede pasar al olvido.

Este Tribunal tiene como función señera la defensa de la Constitución y de los derechos humanos. Cumple esa atribución, habitualmente, mediante las sentencias que expide. Pero debe, también, como lo ha hecho ya en dos oportunidades, resaltar la conducta de los ciudadanos cuando es ejemplar en honrar la Constitución.

Esa es la razón por la cual 24 dignos militares, por decisión unánime del Pleno, reciben hoy la medalla Toribio Rodríguez de Mendoza.

En este acto debo destacar la presencia de numerosos ex Senadores y ex Diputados cuyo mandato se inició el 27 de julio de 1990 y debía culminar en la misma fecha de 1995. Ninguno de éllos reclamó a la Nación los llamados salarios caídos. Tenían principios y convicciones democráticos. No fueron al Congreso con ningún afán crematístico. Quiero rendir homenaje a tales ciudadanos, que honran la política.

Los militares y los policías participarán, por primera vez, con derecho a voto, en las elecciones del año 2006. Ya no serán ciudadanos disminuidos. Tampoco tendrán privilegios. En sentencia de este TC se ha dispuesto que, salvo cuando se trate de delitos de función, los militares y policías, honrando el principio de igualdad ante la ley, sean juzgados, si fuera el caso, ante el Poder Judicial.

No escapa a este Tribunal la importancia que tienen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en lo que concierne a colaborar en el desarrollo del país y en la seguridad de la población. Es por ello que en la sentencia de 1 de abril en curso, exhorta al Congreso a dar participación en la regalía minera tanto a las FFAA como a la PN.

El TC considera que hay en el Perú muchas carencias y que los recursos de la hacienda pública deben ser adecuadamente distribuidos. Pero, más que recursos materiales, se requiere que haya mística en el ejercicio de toda actividad del Estado. En el Poder Judicial se tramitan, desde hace varios años, centenares de procesos por delitos de corrupción, estando la mayoría sin sentencia. En muchos casos hay que investigar los hechos y acopiar las pruebas. En otros no hay que hacer mucho esfuerzo.

Mediante sentencias de este Tribunal y por resoluciones del Congreso, están en trámite los procesos por el delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, previsto en el artículo 346 del Código Penal, con pena privativa de libertad hasta de 20 años y, además, expatriación hasta por 10 años. Ni la acción penal, ni la pena para tal delito, han prescrito. Los autores son los firmantes de los decretos leyes 25418 y siguientes. Nada justifica que no se dicte la sentencia respectiva, reservándose el fallo para los prófugos.

Esta ceremonia tiene por objeto resaltar la conducta de los militares patriotas, que contrasta con la de la cúpula de 1992.

Los militares y los civiles, en tanto honremos el orden constitucional, tenemos identidad de propósitos y un solo objetivo: El imperio de la democracia en nuestra Patria.

Lima, 05 de abril del 2005