Arequipa, 30 de mayo (Especial).- El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Óscar Urviola Hani, señaló que la Constitución establece una jurisdicción constitucional y el Estado está en la obligación de velar por la vigencia y el respeto de los derechos fundamentales, por ello cuando se produce la vulneración de un derecho fundamental, ello no sólo supone la afectación del titular de ese derecho, sino que también se pone en cuestión el propio ordenamiento constitucional. Fue durante la inauguración de la conferencia internacional “El acceso individual a la justicia constitucional en América Latina”, que se realiza en esta ciudad.
“Una de las primeras cuestiones que debe ser aclarada es el contenido del derecho a la justicia constitucional. Desde mi punto de vista, en el contenido de este derecho está, en primer lugar, la existencia de una jurisdicción constitucional. Ello implicaría que intervenciones excesivas del legislador para modificar las funciones y competencias del Tribunal Constitucional transgreden el contenido del derecho a la justicia constitucional cuando dicha intervención conlleva una restricción demasiado amplia de tales funciones y competencias” precisó.
Por ejemplo, dijo que al legislador le está prohibido eximir expresamente de determinadas normas de control constitucional, porque colocaría a los titulares del derecho a la justicia constitucional ante situaciones no justiciables, lo cual va en contra de la Constitución.
“Igualmente inconstitucionales son las posiciones que pretenden exonerar de control constitucional a determinados actos de otros órganos constitucionales como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), encargado de administrar justicia en materia electoral; y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que es competente para nombrar jueces y fiscales, así como para ratificarlos y destituirlos”, indicó.
Ante presidentes y magistrados de tribunales constitucionales, cortes constitucionales y salas constitucionales de varios países, el titular del TC, reiteró que es importante en el sistema democrático de un país, la existencia de una jurisdicción constitucional.
La conferencia internacional, que se inició hoy y continuará mañana en esta ciudad, es organizada por el Tribunal Constitucional peruano y la Comisión de Venecia.
En la ceremonia inaugural, también habló el presidente de la Comisión de Venecia, Gianni Buquicchio quien destacó la importancia de la justicia constitucional. Acto seguido intervino el presidente del Tribunal Constitucional, Peter Paczolay quien presentó el estudio sobre acceso individual a la justicia constitucional adoptado por la Comisión de Venecia en su 85 sesión plenaria en diciembre de 2010.
Seguidamente, intervino la doctora Paloma Biglino, catedrática de derecho constitucional de la Universidad de Valladolid y miembro de la Comisión de Venecia, quien habló sobre la justicia constitucional como debate sobre la convencionalidad. Comentó un caso en el que se presentó un recurso de amparo ante el TC reivindicando el derecho al silencio.
Posteriormente, en el tema los tipos de recursos, análisis comparado expusieron los doctores Carlos Mesía Ramírez del Tribunal Constitucional de Perú; Luis Ernesto Vargas, Vicepresidente de la Corte Constitucional de Colombia; Francisco Fernández Fredes, ministro del Tribunal Constitucional de Chile y Carmen Lúcia Antunes Rocha, ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil.
En el tema de justicia constitucional y grupos vulnerables, inició la ronda de intervenciones la Dra. Tatiana Ordeñana Sierra, magistrada de la Corte Constitucional de Ecuador, luego continuaron los doctores Rudy Flores Monterrey, presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia; Héctor Pérez Aguilera, presidente de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala y Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional de República Dominicana.
Por la tarde, expusieron los doctores Gilbert Armijo Sancho, magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica; Florentín Meléndez Padilla, magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador; Oscar Chinchiya Banegas, presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Honduras y Ligia Molina Arguello, magistrada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Nicaragua.