Más de dos mil magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público que laboran en todo el país se beneficiarán en una primera etapa del servicio personalizado de remisión de sentencias relevantes del Tribunal Constitucional a través de la vía electrónica, como parte de un programa de fortalecimiento de las labores de este organismo que es garante de la constitucionalidad e intérprete supremo de la Carta Magna.
El plan beneficiará progresivamente a los profesionales del derecho hábiles en el ejercicio de la profesión, para lo cual los Decanos de los Colegios de Abogados de la República deberán enviar su registro, así como los Catedráticos de todas las Facultades de Derecho de todas las Universidades del país.
En el caso de los magistrados y fiscales, esta iniciativa busca la aplicación correcta y extensa de su rol como primeros garantes de los derechos fundamentales, atendiendo a las decisiones vinculantes y a las recomendaciones formuladas por distintos órganos nacionales e internacionales.
Igualmente, la iniciativa coadyuvará por la vía del conocimiento de los criterios jurisprudenciales establecidos en las sentencias vinculantes, la promoción y admisión de acciones de garantías ante el Poder Judicial, contando los abogados, litigantes, jueces y fiscales con mayor y mejor información para el ejercicio de sus funciones.
Además, con esta medida se busca disminuir la carga procesal de las acciones de garantía tanto en el Poder Judicial como en el Tribunal Constitucional, al encontrarse los operadores de la justicia constitucional mejor informados de las sentencias vinculantes, así como la difusión de la actividad jurisdiccional que se expresa en el contenido de sus sentencias y cuya calidad no solamente trasunta en el quehacer jurisdiccional sino también en los medios académicos y jurídicos del país.
El Tribunal Constitucional edita actualmente su jurisprudencia constitucional a través de un cuadernillo de Procesos Constitucionales que se difunde en el diario oficial “El Peruano” y publica en su página web las resoluciones finales recaídas en los procesos constitucionales de su competencia.
Lima, 27 de enero de 2006