En ceremonia especial y en cumplimiento del Acuerdo del Consejo Universitario, el rector de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle- La Cantuta, M.Sc. Manuel Alejandro Solís Gómez, entregó el grado académico de Doctor Honoris Causa al presidente del Tribunal Constitucional, Javier Alva Orlandini y al vicepresidente de este alto Tribunal, Juan Bautista Bardelli Lartirigoyen.
Al solemne acto asistieron el Presidente del Poder Judicial, Dr. Hugo Sibina Hurtado, el Prefecto de Lima, Ing. Jorge Chávez, los rectores de las universidades del país, autoridades políticas, diplomáticas, académicas, abogados y la Comunidad Educativa y judicial.
El presidente del TC, Javier Alva Orlandini al agradecer la distinción, recordó la importancia de la educación y la estrecha ligazón que existe con la justicia; de ahí la importancia del conocimiento de la Constitución y las leyes, para saber cuáles son los derechos y libertades ciudadanas, para poder defenderlas y respetar el derecho de los demás.
Alva Orlandini recordó, en un pasaje de su discurso el parangón- con medio siglo de por medio- de lo que ocurrió durante el gobierno de Manuel A. Odría cuando un grupo de jóvenes estudiantes y profesionales, entre ellos quien más tarde llegaría a ser Presidente de la Corte Suprema de la República, Dr. Manuel Méndez Orborn y el mismo Alva Orlandini, quienes por luchar a favor de la democracia fueron recluidos en el penal de la isla de El Frontón. «Hoy cincuenta años después tenemos que recordar el cobarde y criminal acto contra un grupo de estudiantes y un profesor, precisamente, de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle». Subrayó
Tras recordar la autonomía del Tribunal Constitucional, señaló que si bien los magistrados son electos por el Congreso de la República, una vez juramentados, se rompe ese cordón umbilical para actuar con total independencia velando por la primacía de la Constitución. «El TC es lo que en doctrina se conoce como Poder Corrector, pues en la práctica corrige los excesos que pudieran cometer los poderes públicos y demás autoridades.»
Puntualizó que el TC no es más ni menos que los otros poderes del Estado y sus sentencias tienen valor vinculante para todos los 28 millones de habitantes del territorio nacional; es decir, que todos tienen la obligación de acatarlas.
Al tocar el tema de las acciones de garantías que el TC tiene en giro, dijo que se da preferencia a las de hábeas corpus, por su enorme trascendencia en la vida de las personas, pues está en juego la libertad, el bien más preciado de todos. «Por ello a veces pienso que los jueces debieran en algún momento de sus vidas haber sufrido la pérdida de su libertad para que valoren en su real magnitud su significado y tramiten con rapidez estos recursos», enfatizó.
Lima, 16 de mayo del 2003