La sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. Nº 01126-2011-HC/TC) que declara fundada un hábeas corpus a favor de la comunidad de Tres Islas sienta un precedente para las comunidades nativas que intentan detener la tala y minería ilegal en sus tierras, señalaron expertos a la agencia Reuters.
"Creemos que esto sirva de ejemplo para otros grupos indígenas a llevar sus casos ante el tribunal superior", dijo Jaime Tapullima Pashanase, presidente del Consejo de Pueblos Kechwa, quien a su vez calificó de histórico el fallo del TC.
En ese sentido, las comunidades refieren que la sentencia del Tribunal Constitucional da un paso hacia el esclarecimiento de la confusión jurídica al permitir que las comunidades respeten su soberanía en una región selvática llena de cientos de disputas sobre tierras y recursos.
Los pueblos shipibo y Ese'Eja que viven en la comunidad de Tres Islas se quejaron que los mineros informales estaban destruyendo sus bosques y arroyos. En su fallo, el Tribunal Constitucional dijo que tenían el derecho a proteger sus territorios y su autonomía indígena en contra de la minería informal y la tala ilegal de árboles.
Asimismo, el Viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, afirmó que la sentencia era “Sin duda […] una buena noticia para las políticas indígenas” debiendo inspirar “el proceso de titulación de la propiedad colectiva y además mejorar los mecanismos de protección de la misma, pues ello no solamente implica un reconocimiento formal, sino también asegurar que cuenten con la protección efectiva que correspondería a cualquier otro régimen de propiedad”.
Las comunidades indígenas han luchado para mantener la autonomía en la región de Madre de Dios. Una tercera parte de los territorios indígenas en Madre de Dios ha sido destruida por los mineros de oro informales.
“Considero que esta decisión es muy importante para las comunidades indígenas. Este es un avance en términos de los derechos que les han sido exigentes”, señaló Julio Ibáñez Moreno, abogado de Aidesep, que representa a las comunidades del Amazonas.
El fallo también puso de relieve la importancia de una nueva ley que obliga al gobierno a consultar a las comunidades indígenas antes de tomar decisiones que les afectan directamente y dice que cualquier interferencia del gobierno en tierras indígenas “debe ser debidamente justificado”.
“La ley de consulta fue un paso importante hacia la realización de estos derechos, pero se ha debilitado considerablemente en su aplicación”, dijo Gregor MacLennan con el grupo Human Rights indígena amazónica.
Lima, 27 de setiembre de 201