EL PODER EJECUTIVO QUE DESACATE UNA ORDEN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PODRÍA ENFRENTAR UN JUICIO EN EL CONGRESO AFIRMÓ EL MAGISTRADO GERARDO ETO CRUZ EN SANTO DOMINGO

El Poder Ejecutivo que desacate una decisión del Tribunal Constitucional o del Poder Judicial podría enfrentar un juicio político en el seno del Congreso Nacional, advirtió el magistrado del TC, Gerardo Eto Cruz, quien se encuentra en Santo Domingo para dictar una serie de conferencias sobre derecho constitucional.

“Eso es lo que existe como estándar, o sea, que en guerra avisada, no mata soldado”, precisó Eto Cruz, quien consideró que no es posible que un ejecutivo, en un estado de derecho democrático, desacate las resoluciones de un tribunal constitucional o judicial. Sin embargo, aclaró que en los países latinoamericanos no ha habido casos de desacatos a decisiones de tribunales constitucionales.

 “Si el Tribunal da la razón y el Ejecutivo no cumple, es un tema dramático. Que yo tenga conocimiento, ese caso no ha ocurrido; y si ocurriese, ese régimen deviene en un gobierno autócrata, autoritario, de facto, inconstitucional”, señaló.

También alertó que si el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial hipotecan su autonomía en aras de estar bien con el Ejecutivo, empieza una decadencia y agravamiento del sector judicial y un descreimiento por parte de la sociedad civil. En cuanto al desacato judicial, expuso que en Latinoamérica lo que ha ocurrido es que el Ejecutivo a veces cumple a medias con algún fallo, cuando se trata de temas de orden presupuestal.

Eto Cruz declaró luego de participar del desayuno de trabajo que organizó el Listín Diario encabezado por el subdirector del diario, Fabio Cabral, y el coordinador del evento, Fernando Quiroz. También participaron los directivos del Instituto Dominicano de Derecho Procesal Constitucional: Hermógenes Acosta de los Santos, presidente, y miembro del Tribunal Constitucional; Alejandro Moscoso Segarra, vicepresidente, y juez de la SCJ; Pedro Justo Castellano, vocal y miembro del TC; Yildalina Tatem, secretaria general y encargada de políticas públicas de la SCJ, y el abogado Luis Miguel Pereyra, vocal, encargado de investigación y formación.

Lima, 26 de abril de 2012