SENTENCIA DEL TC PERUANO SOBRE LOS MIGRANTES MARCA LA HISTORIA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL EN LATINOAMÉRICA

Alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados afirma que resolución demuestra el verdadero compromiso en la protección efectiva de derechos fundamentales de personas en situación de vulnerabilidad

La sentencia del Tribunal Constitucional del Perú que ganó el premio “Acceso a la Justicia de Personas Migrantes o Sujetas de Protección Internacional 2017”, ofrece respuestas a problemas comunes en tiempos de globalización, como el desafío del acceso a la justicia por parte de trabajadores migrantes indocumentados y de los deberes de los tres poderes de una República en función de compromisos asumidos en materia constitucional y de derechos humanos, especialmente en relación a la protección de la niñez y los deberes de autoridades migratorias de la administración pública.

Así lo afirmó Gabriel Gualano de Godoy, de la Oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, durante la ceremonia de premiación realizada el viernes 19 de enero en México, en la sede de la Suprema Corte de ese país.

El funcionario  consideró que el Pleno del TC del Perú es un excelente ejemplo con esta sentencia porque más allá de la nacionalidad y del estatus migratorio, la igualdad, el proceso justo y el interés superior, son principios fundamentales aplicables, al punto de cambiar la historia de una familia extranjera, y ahora también marcar la historia del derecho constitucional en Latinoamérica.

La emblemática sentencia que premiamos hoy demuestra el verdadero compromiso en la protección efectiva de derechos fundamentales de personas en situación de movilidad y vulnerabilidad, con acceso a la justicia sin discriminación, anotó.

El magistrado Carlos Ramos Núñez, ponente de la sentencia ganadora, recibió el premio en representación del TC peruano durante el tercer foro regional “Análisis de sentencias en materia de migración y protección internacional”.

La sentencia en mención (Expediente N° 2744-2015-PA/TC), resolvió el caso del ciudadano brasileño Jesús de Mesquita Oliviera, quien presentó a fines de mayo de 2013 una demanda de amparo contra una resolución de la Superintendencia Nacional de Migraciones que le obligaba a salir de nuestro país y le prohibía el ingreso al territorio nacional, decisión que lo separaba de su cónyuge y su menor hija.

El TC declaró fundada por mayoría la demanda por haberse acreditado la vulneración del derecho al debido procedimiento y el derecho de protección a la familia.

El Premio “Acceso a la Justicia de Personas Migrantes o Sujetas de Protección Internacional 2017” es una iniciativa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.C.; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes; Sin Fronteras I.A.P.; entre otras instituciones, tiene como objetivo destacar aquellas “sentencias que se han emitido bajo las más altas normas y estándares en derechos humanos y las buenas prácticas que han servido para garantizar el acceso a la justicia y el goce efectivo de los derechos humanos de las personas migrantes o sujetas de protección internacional en las Américas”.

Lima, 21 de enero de 2018