TODOS LOS PAÍSES TIENEN SU PROPIO SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PERO EN OCASIONES NO TIENEN LA CAPACIDAD O VOLUNTAD POLÍTICA DE ADMINISTRARLA

El doctor Salvador Herencia, experto en derecho penal internacional afirmó que todos los países del planeta tienen su propio sistema de administración de justicia sin embargo cuando estamos frente a crímenes internacionales como genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, los sistemas de administración de justicia nacional en algunas ocasiones no pueden tener la capacidad o voluntad política de administrar justicia, entonces para este tipo de situaciones graves es que se ha creado un Tribunal Penal Internacional como un ente permanente y autónomo que pueda actuar, cuando los Estados no puedan hacer ejercicio de su soberanía de administrar justicia.

Estas declaraciones las formuló durante su participación en el programa “Tus Derechos” del Tribunal Constitucional donde se abordó el tema del funcionamiento de la Corte Penal Internacional.

El doctor Herencia recordó que la Corte entró en funcionamiento el 1 de julio del 2002 y que es un Tribunal que está funcionando plenamente y que actualmente tiene 7 situaciones (casos) que viene investigando, los cuales provienen del continente africano.

“En América Latina está en situación preliminar el caso del golpe de Estado en Honduras que sucedió hace casi dos años atrás y en el caso de Colombia a raíz del conflicto armado, que nosotros sabemos que lleva más de 40 años”, señaló Herencia.

El experto en derecho penal internacional explicó que el Tribunal Penal Internacional investiga a personas y no a Estados, por lo que se habla de personas autores de posibles crímenes internacionales, en la mayoría de los casos han sido básicamente por crímenes de lesa humanidad como ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y crímenes de guerra.

Aclaró también que está completamente descartado que los crímenes cometidos antes del 1 de julio del 2002 o la fecha de entrada en vigor del Estatuto de Roma para un Estado que lo ratificó con posterioridad sean investigados.

Lima, 01 de noviembre de 2011