TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ES EL GARANTE DE LA LEGALIDAD DE LOS COMPROMISOS JURÍDICOS Y AYUDA A FORTALECER LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

El viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Vicente Otta Rivera manifestó que la decisión del Tribunal Constitucional de ratificar y señalar la validez del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la obligatoriedad que tiene el Estado para asumir esas recomendaciones permite poner al TC como un garante de la legalidad de los compromisos jurídicos y ayuda a proteger y fortalecer los derechos de los pueblos indígenas.

Estas declaraciones las formuló al comentar la demanda de inconstitucionalidad contenida en el Expediente Nº 00024-2009-PI/TC expedida por este Colegiado donde señala que el Convenio 169 de la OIT no sólo forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno, sino que además detenta rango constitucional por tratarse de un tratado internacional de derechos humanos.

“La decisión del Tribunal Constitucional permite corregir una posición que en los últimos años el gobierno saliente tendió a desconocer o por lo menos quitarle mayor valor legal y el carácter vinculante que tiene el Convenio 169 de la OIT”, señaló Otta Rivera.

De este modo el viceministro de Interculturalidad saludó y reconoció la importante decisión del Supremo Tribunal.

El viceministro señaló que respecto a la relación que tiene el Estado con los pueblos indígenas, lamentablemente se ha producido una involución donde de alguna manera se ha ido produciendo un ensanchamiento de los mecanismos legales de protección de las reivindicaciones y derechos de los pueblos indígenas.

Otta Rivera indicó que una primera idea de orientación política de su Despacho será la de fortalecer y visibilizar la presencia del Estado en los lugares donde sea necesario y particularmente en los pueblos indígenas, así como a preparar un conjunto de políticas que permitan reforzar el compromiso, la obligación y el reconocimiento práctico de nuestro país como una sociedad pluricultural.

Lima, 19 de agosto de 2011