El Pleno del Tribunal Constitucional (TC), rechazó las versiones periodísticas que pretenden atribuirle responsabilidad por las decisiones que emanen de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, como en el caso del procesado apodado «Momón», como equívocamente se afirma en algunos medios.
Carlos Peláez Camacho, Secretario General del TC, por encargo de este Órgano Constitucional, señala que el Poder Judicial es autónomo, y que constituye un principio y derecho de la función jurisdiccional la independencia en el ejercicio de sus funciones, conforme lo estipula el artículo 139°, inciso 2°, de la Constitución Política del Perú.
El alto funcionario del TC aseguró que este Órgano ha resuelto los procesos que le corresponde conocer de conformidad con el artículo 200° de la Constitución, con estricta sujeción a las disposiciones de la propia Carta Fundamental y en ningún caso, ha propiciado que se ponga en riesgo la seguridad de la ciudadanía.
Reiteró que en ningún caso ha dispuesto (ni podría hacerlo) que el Estado se obligue a aceptar cumplir con las recomendaciones de la CIDH. «Los tratados, según los disponen los artículos 55° y 56° de la Constitución vigente, forman parte del derecho nacional y son aprobados por el Congreso, antes de su ratificación por el Presidente de la República». subrayó
Lima, 25 de agosto del 2003