CONGRESO VIOLARÍA DEBIDO PROCESO SI DENUNCIAN CONSTITUCIONALMENTE A MAGISTRADOS DE TC

El Congreso de la República violaría el debido proceso si la Comisión Permanente aprueba la denuncia constitucional presentada por el abogado de  un grupo de marinos en situación de retiro contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional.

A través de un comunicado, los magistrados Manuel Miranda Canales (Presidente), Marianella Ledesma Narvaez (Vicepresidenta), Carlos Ramos Nuñez y Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, expresaron su extrañeza por la admisión de la denuncia por la presunta infracción de la Constitución y la supuesta comisión del delito de prevaricato, por haber emitido la resolución del Expediente Nº 01969-2011-HC/TC referido al caso “El Frontón el pasado 5 de abril de 2016.

Precisaron que dicho proceso aún no ha concluido, porque los propios denunciantes presentaron un recurso de reposición que se encuentra pendiente de resolver, el cual fue interpuesto contra la resolución que desestimó la nulidad de la resolución del Tribunal que motivó la acusación constitucional presentada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República.

“La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales resolvió con fecha 26 de junio admitir a trámite la denuncia que fue presentada con fecha 25 de abril, sin advertir que los denunciantes habían interpuesto antes, con fecha 21 de abril, un recurso de reposición ante el Tribunal Constitucional” señala parte del comunicado.

Agregan que los denunciantes han ocultado información, induciendo a error a los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pues ellos eran plenamente conscientes de que había un asunto pendiente, lo cual se pone de manifiesto porque el 31 de mayo (es decir, luego de presentada la acusación y antes de que se pronuncie la Subcomisión) presentaron una ampliación de su pedido de reposición.

Finalmente, esperan que la Comisión Permanente no repita el error al cual se ha inducido a la Subcomisión, pues se estaría violando el debido proceso.

Lima, 11 de julio de 2017