SUPERVISARÁN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL CASO DE LAS HERMANAS CIEZA FERNÁNDEZ

El caso de las hermanas Marleny y Elita Cieza Fernández, será la segunda sentencia que el Tribunal Constitucional supervisará su cumplimiento a solicitud de la magistrada ponente, Marianella Ledesma Narváez. La audiencia pública se realizará el 5 de agosto próximo.

Como se recordará, el Colegiado declaró fundada la demanda de amparo (Expediente N° 00853-2015-PA/TC) y les reconoció el derecho a estudiar. Además, declaró un estado de cosas inconstitucional la accesibilidad a la educación de personas de extrema pobreza del ámbito rural.

Marleni y Elita, viven en el caserío La Flor del distrito de Cumba y por la zona no existe un Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) que impartiera el nivel secundario para adultos. El más cercano estaba ubicado a cuatro horas de distancia de ida, dos horas caminando y otras dos en movilidad, más otras cuatro horas de vuelta, lo que hacía imposible que asistan diariamente.

Pese a que las hermanas, de 18 y 19 años, lograron matricularse en la IE 16957 Jesús Divino Maestro, ubicada cerca de su casa, para estudiar el primer año de secundaria, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Utcubamba, Amazonas, no autorizó ni reconoció de manera excepcional sus matrículas.

Tras declarar fundada la demanda de amparo, el TC ordenó al Ministerio de Educación diseñar y ejecutar un plan de acción, en un plazo de cuatro años que vencerá el 28 de julio de 2021, para asegurar la disponibilidad y accesibilidad a la educación de niños, adolescentes y mayores de edad, de extrema pobreza del ámbito rural, empezando por los departamentos de Cajamarca, Amazonas, Ayacucho y Huancavelica. También, debe informar al Tribunal cada seis meses el avance de lo dispuesto en la sentencia.

El Tribunal precisó que los artículos 16 y 17 de la Constitución exigen al Estado “asegurar que nadie sea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica” y que la “educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias”.

Lima, 29 de julio de 2020