TC DECLARÓ FUNDADA DEMANDA DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE JOVEN CON DISCAPACIDAD MENTAL

En defensa de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada por mayoría, un hábeas corpus a favor de un joven con discapacidad mental, a quien su madre encerró en su habitación colocando rejas, vulnerando el derecho a la libertad individual.

Se trata de la demanda contenida en el Expediente N° 00194-2014-PHC/TC, promovida por José Antonio Guillén Tejada a favor de su hijo Juan José Guillén Domínguez, quien padece de síndrome orgánico cerebral crónico psicótico y retardo mental profundo, en contra de Carolina Domínguez Ávila, madre del joven.

Guillén Tejada denunció que su hijo recibe un trato humillante, porque su madre, quien tiene a su cargo su custodia por disposición judicial, lo ha encerrado en su habitación, colocando rejas metálicas y el tapiado con madera las ventanas, impidiendo su libre tránsito en la casa, ubicada en la ciudad de Arequipa.

La señora Carolina Domínguez argumentó que colocó la reja en la habitación, para impedir que su hijo se escape, se haga daño o que alguien lo lastime. Al respecto, los magistrados Carlos Ramos Núñez, Marianella Ledesma Narváez y Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, hicieron una inspección ocular en el lugar donde se encuentra el favorecido, para verificar su situación actual.

En tal sentido, el Colegiado ordenó el retiro de las rejas metálicas y el tapiado de las ventanas, así como exhortó a los padres a que asuman la responsabilidad del cuidado y atención de salud de Juan José Guillén Domínguez.

Asimismo, dispuso que el Primer Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa adecúe el proceso de interdicción seguido contra el favorecido en este caso a uno de apoyos y salvaguardas, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Transición al Sistema de Apoyos en Observancia al Modelo Social de la Discapacidad, aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Además, ordenó al Ministerio Público que adopte un rol más activo en el ejercicio de sus funciones, a fin de evitar que se ponga en peligro la vida o la integridad de las personas con discapacidad y ordenó al juez de ejecución del proceso que informe al Tribunal Constitucional cada 120 días, sobre el estado y las condiciones en las que se encuentra viviendo Juan José Guillén Domínguez.