TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ORGANIZÓ CONFERENCIA SOBRE PROPUESTA DE REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA

El Tribunal Constitucional (TC), a través del Centro de Estudios Constitucionales (CEC), organizó una conferencia que abordó la Propuesta de Reforma del Sistema de Justicia. Los expositores fueron el magistrado del TC, Gustavo Gutiérrez Ticse, el fiscal de la nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas, la expresidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva Prieto, y la exministra del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Delia Muñoz Muñoz.

Las palabras de bienvenida y cierre estuvieron a cargo del magistrado Gutiérrez, quien, en nombre del magistrado del TC, César Ochoa Cardich, director general del CEC, agradeció a los expositores, al público asistente, tanto de forma presencial como virtual, a la Sala de Audiencias para reflexionar sobre las conclusiones de la Comisión Especial de Alto Nivel Multipartidaria, que fue presidida por la excongresista Alva Prieto, y que estuvo encargada de presentar una propuesta de reforma integral del Sistema de Justicia.

Gutiérrez Ticse afirmó que la Constitución y los derechos son interpretables. El problema es quiénes administran los derechos, o sea, los poderes del Estado, que son como máquinas, pero que funcionan de manera aislada, sin conexión.

Indicó que, por más que se invierta dinero, se pida modernización o se contrate más personal, no funciona porque no están conectadas las máquinas, y no va a funcionar por más de que todo esté perfecto.

Por ello, enfatizó la importancia de construir un nuevo modelo de Reforma del Sistema de Justicia para calibrar las máquinas, recogiendo las ideas del politólogo italiano Giovanni Sartori, de “la ingeniería constitucional”, y del jurista y sociólogo argentino Roberto Gargarella sobre “la sala de máquinas de la Constitución” o “los maquinistas de la Constitución”, para la construcción de un modelo que permita articular todo lo que está desarticulado y así materializar un estado constitucional, que optimice el cuarto de máquinas de la Constitución.

Señaló que falta una reforma constitucional y una verdadera voluntad de justicia de los maquinistas de las máquinas.

De la Comisión, destacó la escuela de jueces, de una escuela de fiscales, y propuso generar también una ventana para la participación ciudadana, para que existan jueces ciudadanos, jurados populares, que es importante en la justicia.

En tanto, el fiscal de la nación, Gálvez Villegas, afirmó que estamos hablando de propuestas de reforma de justicia, pero de carácter constitucional, en cuanto al Ministerio Público y la administración de justicia.

Aseguró que una jurisprudencia es vinculante porque lo dice una norma del sistema escrito, pero para tener contundencia debe tener una fuente constitucional, por lo que propuso modificaciones a la Constitución.

Aseveró que al Ministerio Público se le sigue considerando como apéndice del Poder Judicial, y eso tiene que terminar con un Sistema de Administración de Justicia, donde cada institución cumple su rol.

Enfatizó que se tiene que definir con claridad en la Constitución, la relación entre el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional del Perú (PNP), porque el MP se ha creado para investigar el delito y perseguir la represión del delito, por lo que no puede salir una ley que diga que el MP no puede investigar desde un comienzo.

Acotó que hay casos en que se requiere de un profundo análisis jurídico para indiciar o para continuar la investigación, el MP no puede iniciar la investigación por su propia cuenta sino tiene que ser la policía, pero la policía no está formada para eso y no es su función fundamental.

Por su parte, Alva Prieto sostuvo que la Comisión en el Proyecto de Ley 13822/2025-CR reconoce el Sistema de Justicia en la Constitución, integrado por el Poder Judicial (PJ), Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Escuela Nacional de Justicia, Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y los órganos del Ministerio de Justicia vinculados al Sistema (INPE, Procuraduría, Defensoría Pública, abogados de oficio).

Aseveró que se requiere un trabajo coordinado e instituciones más sólidas, donde no haya jueces provisionales, y que, en un plazo máximo de un año, todos sean titulares. Para ello debe haber más presupuesto, y se debe establecer en la Constitución que se destine el cuatro por ciento del presupuesto para el Poder Judicial.

Acotó que se debe fortalecer el PJ, el MP y el TC, con titularidad plena, presupuesto y mejor diseño; control y autonomía constitucional; reducción de la carga procesal, con procesos más ágiles y vías alternativas; mejores de perfiles, a través de la Escuela Nacional de Justicia como única vía; y sostenibilidad de la calidad, con ética y cultura del servicio de justicia. Además, de aumentar el número de magistrados del TC, de siete a nueve, y que su mandato sea de 5 a 8 años.

Finalmente, Delia Muñoz dijo que hace falta una reforma integral en todo lo que es el manejo procesal de la administración de justicia para tener mecanismos rápidos de la solución de controversias constitucional. Aseveró que no podemos seguir como hasta ahora, porque la situación genera mucha impunidad en temas cotidianos.

Añadió que el objetivo central de tener un Estado es contar con un sistema que funcione y solucione los problemas que hay al interior de la sociedad, y eso no estaba ocurriendo.

Dijo que el tema de la ratificación de jueces y fiscales es absolutamente fundamental, y que la provisionalidad en el Ministerio Público alcanzaba el 60% el año pasado. Mientras que en el Poder Judicial casi el 50%.

Aseguró que el Perú es el país que tiene la mayor cantidad de denuncias, quejas o reclamos, ya sea ante el Comité de libertad sindical, ante el Tribunal Andino de Justicia y en trámite ante la Corte Penal Internacional. Pero en el Sistema Interamericano existen más de 300 denuncias que están en giro ante la Comisión Interamericana.

Indicó que la Corte IDH ha sancionado al Perú en 57 sentencias y existen una decena de casos pendientes de ser resueltos.

Acotó que en casi todos estos procesos las quejas con contra el funcionamiento del sistema de justicia, valoración de la prueba, no respeto al debido proceso, son esencialmente los grandes reclamos que se tienen en el sistema.

Vea la conferencia en: https://www.youtube.com/watch?v=6Gmfl9gQkcQ

Lima, 25 de agosto de 2026

Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Tribunal Constitucional