VICEPRESIDENTA DEL TC LUZ PACHECO EXPUSO SOBRE JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL RECIENTE EN MATERIA PENAL EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO

Puno, 12 de octubre de 2026.- En el marco de la Agenda Constitucional, la vicepresidenta del Tribunal Constitucional (TC), magistrada Luz Pacheco Zerga, disertó sobre la “Jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional en materia penal” ante magistrados, abogados, estudiantes de derecho y servidores del sistema de justicia en el auditorio “Juan José Calle Yabar” de la sede central de la Corte Superior de Justicia (CSJ) de Puno.

En su exposición, la magistrada comentó las sentencias más relevantes en materia penal. Sobre la prisión preventiva (caso Yoshiyama Tanaka), recordó que es una medida excepcional que no puede operar como pena anticipada, que el peligro procesal no se presume y que debe ser revisada periódicamente, incluso de oficio, cada seis meses, cuestión que ha sido recogida por la legislación penal posteriormente.

Abordó también el caso Chlimper Ackerman, en el que el TC señaló que la acusación fiscal debe guardar congruencia con la disposición de formalización y que el juez debe ejercer un control real de la acusación. Indicó que, en su fundamento de voto, advirtió el problema de las sucesivas subsanaciones de la acusación fiscal y la afectación del plazo razonable. Sobre el caso de Betssy Chávez (Exp. 01195-2025-PHC/TC), precisó que la prolongación de la prisión preventiva está sujeta a plazo y control estrictos, y que la carga de la diligencia recae en el Estado y no en el imputado. Explicó que, aunque emitió un voto singular, subrayó que ese es el criterio que se debe observar y resaltó que la sentencia ha logrado una actuación más proactiva de fiscales y jueces en esta materia.

También comentó algunas sentencias que resolvieron demandas de inconstitucionalidad en materia penal, realizó ciertas precisiones. Respecto al uso de la fuerza por parte de la Policía enfatizó que debe ser siempre proporcional y aunque no se menciona en la ley, existen tratados internacionales que lo ordenan. En relación a las competencias del Ministerio Público y la PNP, reafirmó que corresponde a la primera de esas entidades, por tanto, conduce la investigación del delito desde su inicio, también recordó que la precalificación policial no vincula al fiscal ni al juez. Finalmente, recordó que aún no se han elaborado los protocolos de cooperación entre ambas instituciones, lo cual perjudica a la ciudadanía. Sobre la denominada “Ley Soto”, recordó que la prescripción está reconocida en la Constitución y que, antes de esa ley, la suspensión era sin plazos fijos, lo que convertía en indefinida la prescripción. El TC ha recuperado ese derecho fundamental. Y reafirmó que, si ciertos delitos requieren mayor plazo, la vía adecuada es la reforma legal.

Sobre la Ley 32107, referida a delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, informó que la demanda fue declarada infundada y que la propuesta de interpretación no alcanzó los cinco votos requeridos. Precisó que esto no supone impunidad, pues los hechos anteriores a la vigencia del Estatuto de Roma deben juzgarse conforme al Código Penal vigente en ese momento, y que debe respetarse el plazo razonable y garantizarse la reparación de las víctimas. Finalmente, comentó el caso Oré Guardia, en el que el TC reafirmó que el fiscal debe actuar con independencia y objetividad, y que el secreto profesional del abogado, que alcanza también a su personal, es una obligación legal, que no debe respetarse. Tras su ponencia, respondió las consultas de los asistentes.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Diego Salinas Mendoza, presidente de la Comisión Académica, Capacitaciones y Plenos Jurisdiccionales de la CSJ de Puno y las palabras finales las dio, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno, Benny Álvarez Quiñonez, quien expresó su agradecimiento a la vicepresidenta del TC por su contribución académica y le otorgó una resolución de felicitación e institucional en reconocimiento a su valiosa participación y aportes al diálogo judicial en la región.

La actividad académica fue organizada conjuntamente por el Centro de Estudios Constitucionales (CEC) del Tribunal Constitucional y la Corte Superior de Justicia de Puno.

Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Tribunal Constitucional